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Opinión de Consejería Jurídica sobre dictamen a Ley de Manifestaciones Públicas en CDMx

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que el tema de las marchas debe ser un debate de derechos, más que de restricciones o prohibiciones, en referencia al dictamen de ley aprobado ayer por las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; para lo cual dijo, la Asamblea Legislativa local (ALDF), es la instancia competente.

Sobre el curso legal a seguir, instruyó a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR) a realizar un análisis sobre la inconstitucionalidad o controversia de esta ley.

Al terminar la “Entrega de escrituras públicas a trabajadores de nómina cinco”, efectuado en el Museo de la Ciudad de México, el titular de la CEJUR, José Ramón Amieva, consideró que el análisis sobre el tema, desarrolla dos aspectos: La competencia o facultades que tiene el Congreso de la Unión sobre lo legislado y, segundo, respecto al contenido mismo del dictamen votado.

La conclusión general es que las y los miembros de ambas comisiones de la Cámara de Diputados legislaron sobre materias que corresponden a la ALDF y que el Gobierno de la ciudad coincide con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en el sentido de que al legislar sobre el tema deben armonizarse los derechos de los manifestantes con los de los habitantes que transitan en esta ciudad.

El GDF esperará a que el dictamen se turne al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación; o a determinar si experimenta cambios en su contenido y una vez que fuera publicado, precisaría las actuaciones legales correspondientes.

Sobre las facultades para legislar materias del Distrito Federal

El tema de las marchas comprende esencialmente el problema de la armonización entre libertades y derechos.

Queda claro que el Congreso de la Unión es el facultado para legislar las materias señaladas en los artículos 6, 9 y 11 constitucionales, relativas a la libre manifestación de las ideas, libertad de asociación o reunión pacífica y libre tránsito. Y corresponde al Gobierno de la ciudad respetarlas y hacerlas respetar.

Pero, en otro aspecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el esquema de facultades, entre ambos órganos legislativos (artículo 122) para legislar en la Ciudad de México, de donde se desprende un catálogo de materias sobre las cuales la ALDF es la instancia legisladora.

En tal contexto se anotan dos aspectos concretos del dictamen aprobado.

Primero: Se señala que el Congreso de las Unión fundamenta su competencia para legislar en este tema basándose en que se trata de un tema de seguridad pública y que, por lo tanto, la ALDF carece de las facultades constitucionales y estatutarias para legislar en la materia.

Sin embargo, el contenido del dictamen de esta ley regula materias que la Constitución señala como facultad de la Asamblea Legislativa [Artículo 122, apartado C, Base Primera, fracción V, incisos H), I) y J)], mismas que se refieren a temas de protección civil, justicia cívica sobre faltas de policía y buen Gobierno, vías públicas y tránsito.

Dos. Una contradicción. Diputadas y diputados federales aprobaron un Transitorio Segundo que obliga al GDF a emitir el reglamento correspondiente, cuando la Constitución -artículo 122, Apartado B, fracción IV- establece la atribución del Presidente de la República a proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión respecto del DF.

Sobre el contenido del dictamen se observan inconsistencias:

El Congreso plantea la posibilidad de que el GDF sea responsable solidario por los bienes que resulten dañados durante las manifestaciones. La disposición, sin embargo, entra en conflicto con los principios que rigen las leyes Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la del Distrito Federal, respectivamente, esto es, que sea objetiva y directa; tales principios se encuentran regulados por dichas leyes, las cuales señalan como requisito de procedencia la existencia de una actividad administrativa irregular atribuible a algún ente de la administración pública.

Se observa que infracciones y sanciones previstas en el Capítulo IV de la iniciativa son en realidad temas de cultura cívica, es decir, son competencia de la ALDF y se encuentran ya reguladas en la Ley de Cultura Cívica del DF. Por lo demás, es inconstitucional regular la misma conducta desde diversos ordenamientos.

Otra inconstitucionalidad es la establecida en el artículo 25, donde se indica que se impondrá la sanción máxima aplicable cuando se incurra en la comisión de ciertas infracciones. Cabe referir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que al fijarse una pena han de considerarse sus límites, una mínima y una máxima, siendo el Juez el que determine cuál aplicar.

La iniciativa señala que los manifestantes deben dar “aviso” a la Administración Pública local con 48 horas de anticipación; respecto a la cual la Secretaría de Seguridad Pública del DF emitirá razones para que no tenga lugar la manifestación o se modifique el horario, fecha y ruta, con base en eventuales factores de riesgo en materia de protección civil y concentración de contaminantes en la atmósfera.

El GDF considera que el ejercicio de las libertades de expresión, reunión, manifestación no son sujetos a autorización previa de autoridad alguna o se condicione su realización; en todo caso, una notificación tendría efectos para planear y garantizar la seguridad de las personas participantes.

Mismo razonamiento cabe para el artículo 16 del dictamen, pues dispone que las manifestaciones serán disueltas cuando las personas que a ellas concurran porten armas, adopten comportamientos violentos traducidos en perturbaciones al orden público, cuando pongan en riesgo la integridad física de las personas o causen perjuicios materiales en bienes públicos o privados. Tal disposición requiere precisar el concepto “disolución” y establecer los casos y alcances de su procedencia cuando, por ejemplo, solo una minoría de manifestantes cometan actos de violencia.

Por lo anterior, la CEJUR ratifica lo expuesto por la CDHDF, en el sentido de que el objetivo de una ley que pretenda regular derechos y libertades de los ciudadanos debe fundarse en un análisis estricto de armonización de los derechos de los manifestantes y por otra parte, los derechos de los habitantes que transitan en esta ciudad.

Fuente: www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx
(Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal, GDF)

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