Category : Derechos Humanos
El día de ayer, 13 de mayo, Amnistía Internacional (AI) ha dirigido una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México llamando a las autoridades mexicanas a mostrar su compromiso con los derechos humanos a nivel regional. AI considera que los compromisos públicos hechos por las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos y de defensa y fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos deben también transformarse en acciones concretas en su política internacional.
La organización considera urgente que México muestre este compromiso instando al gobierno de El Salvador a cumplir pronta y efectivamente con las medidas cautelares dictadas por Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la ciudadana salvadoreña Beatriz. Hasta el momento las autoridades de El Salvador no han cumplido estas medidas, poniendo en grave riesgo la vida de Beatriz.
Beatriz es una joven salvadoreña de 22 años, y debe afrontar un embarazo de alto riesgo, y con muy escasas posibilidades de éxito debido a sus graves problemas de salud y a una severa malformación del feto. Ante esta situación los médicos han dictaminado que Beatriz necesita un aborto terapéutico.
El 29 de abril del presente año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares al Estado de El Salvador para proporcionar a Beatriz un tratamiento médico adecuado, según lo prescrito por sus médicos y conforme a los deseos de la paciente, en un plazo no mayor a 72 horas. A pesar de esta resolución el gobierno de El Salvador aún no ha actuado, poniendo su vida en riesgo.
El 26 de abril, los Relatores de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, la Cuestión de la Tortura y la Violencia Contra las Mujeres, así como también la Presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU especializado en la discriminación contra las mujeres, pidieron al gobierno salvadoreño que se proporcione urgentemente el tratamiento médico adecuado a Beatriz para salvar su vida.
La Corte Suprema de El Salvador actualmente está considerando el caso a petición de los médicos involucrados, quienes alertan que Beatriz podría morir si continúa con su embarazo, y no han intervenido debido al riesgo de ser procesados bajo las estrictas leyes antiaborto del país. Sin embargo, la Corte no ha respondido con la urgencia exigida por el caso.
“Queremos que su caso se resuelva lo antes posible. Que Beatriz no se muera, así de sencillo. Cada día que pasa, su situación de salud se agrava. Ella solo quiere salvar su vida, y estar con su familia” expresó Dennis Muñoz, uno de los abogados de Beatriz.
Para Amnistía Internacional este es un claro caso de discriminación, y de violación al derecho a la salud, así como de sometimiento a un trato cruel, inhumano y degradante por parte de las autoridades salvadoreñas. El caso de Beatriz es simbólico en uno de los pocos países del mundo donde el aborto está penado en todas las circunstancias, incluyendo el riesgo para la vida de la madre o abuso sexual, y donde las mujeres de bajos recursos carecen de los servicios médicos necesarios para garantizar su salud.
México, cómo país que se ha mostrado activamente comprometido con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que según el Pacto por México asume los derechos humanos en una política de estado, debe instar a las autoridades salvadoreñas a cumplir con las medidas cautelares dictadas por la Comisión.
Información Adicional
Beatriz, madre de un niño, está embarazada de 22 semanas y seriamente enferma. Actualmente está hospitalizada con lupus y problemas de riñón. Su situación de salud es tan grave que 15 médicos del Hospital Nacional de Maternidad de El Salvador recomendaron la intervención médica cuando Beatriz tenía solo 13 semanas de embarazo, pues podría morir si continúa con su embarazo. Los médicos también han diagnosticado al feto de anencefalia (le falta gran parte del cerebro y cráneo), lo que en la mayoría de los casos resulta en la muerte del bebé a las horas o días de nacer.
Sin embargo, los médicos de Beatriz no le han brindado el aborto que puede salvarle la vida, y que ésta ha solicitado, porque temen ser procesados bajo las leyes salvadoreñas que imponen sentencias de prisión a cualquiera que lleve a cabo o tenga un aborto.
Hace dos meses, los médicos escribieron a las autoridades solicitando protección explícita contra un posible procesamiento si proveen a Beatriz el tratamiento que tanto necesita. A pesar de la obvia urgencia del caso, ninguna autoridad ha respondido.
En cumplimiento a la Resolución por Disposición emitida por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en 2011 dirigida al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), este instituto de salud pública ha comenzado el registro de las parejas de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Con esta medida se garantiza el ejercicio pleno y en igualdad de trato y de oportunidades de las y los derechohabientes, familiares y conyugues, sin ningún tipo de discriminación con motivo de sus preferencias sexuales.
Este uno de los puntos resolutivos contemplados en la Resolución por Disposición 2/2011, que este Consejo dirigió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al ISSSTE, en la que se determinó que se cometía un acto de discriminación al impedir que matrimonios entre personas del mismo sexo no pudieran registrar a sus conyugues.
Con el reconocimiento de este derecho a dicho sector social, el ISSSTE cumple con el mandato legal constitucional derivado de la última reforma en materia de Derechos Humanos que establece expresamente el principio pro persona, el cual establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los Tratados Internacionales de que México es parte que más beneficien a las personas.
El ISSSTE sienta un precedente importante al cumplir con esta obligación legal de reconocimiento de derechos en igualdad para todas las personas, lo cual deberá ser replicado y aplicado por el resto de las instituciones encargadas de garantizar el acceso a la seguridad social.
Conapred reconoce la voluntad y el apego a la legalidad del ISSSTE y de su titular, Sebastián Lerdo de Tejada, en el cumplimiento de dicha Resolución, lo cual abona a lograr una sociedad de derechos.
Fuente: www.conapred.org.mx (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación).
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la aerolínea Aeromar signaron un convenio de conciliación, cuya finalidad será el diseño y ejecución de acciones que fortalezcan la cultura de la no discriminación y respeto hacia las personas con discapacidad y programas de capacitación al personal de la línea aérea para la atención de las y los pasajeros pertenecientes a este sector social.
El pasado 04 de abril durante el Foro Especial de consulta “Personas con Discapacidad” del Plan Nacional de Desarrollo para la inclusión de políticas públicas dirigidas a este grupo social en situación de vulnerabilidad, la ex diputada federal Yolanda de la Torre denunció que la aerolínea exigía a las personas con discapacidad demostrar que no tenían enfermedades contagiosas, además de impedirles viajar solas. Después de esta denuncia pública el Consejo inició de oficio la queja CONAPRED/DGAQR/280/13/DQ/II/NAL/Q155.
Derivado de la disposición de la aerolínea a conciliar con el Conapred, Aeromar se posicionó como la primera empresa aérea mexicana que se compromete a brindar un servicio que garantice un trato digno y de respeto a los derechos de las personas con discapacidad.
En dicho convenio se establecen los siguientes compromisos:
Eliminar la carta responsiva contenida en la “Guía para traslado de pasajeros enfermos, discapacitados (sic) o lesionados”; revisar, modificar y en su caso ampliar el contenido y la terminología empleada en dicho documento con el fin de que las disposiciones de éste sean acordes a los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, autonomía, independencia y no discriminación. Además de emitir y difundir lineamientos para la prestación de servicios incluyentes y sin discriminación.
Aeromar realizará bajo la asesoría de Conapred estrategias de comunicación para todo su personal de la aerolínea, incluidos las y los prestadores de servicio en tierra, personal administrativo, de atención a los y las sobrecargos y pilotos; a través de un curso de sensibilización en materia de no discriminación y prestación de servicios a personas con discapacidad.
En el periodo vacacional de julio y agosto 2013, Aeromar distribuirá entre los niños y las niñas que viajen en su línea aérea los cuentos de la colección “Kipatla, para tratarnos igual”, así como distribuirá en los “Salones Diamante” el folleto ¿Qué es la Discriminación?
Durante la firma del convenio, Ricardo Bucio Mújica, presidente del Conapred, afirmó que esta acción marca “una tendencia irreversible de accesibilidad en el sistema de transporte en México y en la línea de garantizar la igualdad de derechos para todos los y las usuarias de servicios aéreos”.
En tanto, Fernando Flores y Pérez, director general de “Transportes Aeromar”, S.A. de C.V, expresó que con la firma de este convenio se busca dar “una respuesta oportuna a sus clientes y adecuar su servicio e instalaciones, además de capacitar a su personal para que las personas con discapacidad tengan una igualdad de trato”. Además, expresó que su disposición a conciliar “no es un asunto solo de legalidad, sino de justicia”.
Hilda Téllez Lino, directora general adjunta de Quejas y Reclamaciones, dijo que al conciliar Aeromar finca un precedente en relación a como todas las personas y en todos los ámbitos deben sumarse a cumplir con la obligación legal de no discriminar y de transformar a México en una sociedad de derechos.
Fuente: www.conapred.org.mx (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación).
- Urge Ombudsman a su implementación de vanguardia en el Distrito Federal y a atender experiencias exitosas en América Latina
- Inauguró Foro Internacional Los derechos humanos: condición fundamental en el sistema penal acusatorio
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, rechazó que el debido proceso que impone el sistema penal acusatorio, cuya implementación sigue pendiente en México, genere impunidad y vaya en contra de las acciones que buscan generar una mayor sensación de seguridad en la ciudadanía.
“Todos estos temores acerca de la impunidad y de qué va a pasar si mañana la Reforma va a sacar a todos de la cárcel, requieren de una explicación amplia, ante la sensación fuerte de inseguridad y de que si el Estado no mete a las personas a la cárcel el delito no baja y las personas están en situación de vulnerabilidad, eso no lo hemos logrado todavía comunicar”, reconoció.
Al inaugurar el Foro Internacional Los derechos humanos: condición fundamental en el sistema penal acusatorio, reiteró que “La evidencia dice que si eso fuera cierto, por lo menos de 2008 para acá, cuando se comenzó a implementar la Reforma Constitucional en materia penal, tendríamos un menor número de delitos y de víctimas, lo cual no es cierto, lo que sí tenemos son más presos, por lo menos en el Distrito Federal”.
El Ombudsman capitalino dijo también que en México no se ha logrado consolidar una visión de Estado frente a la Reforma, ya que “No es un tema que pueda ser dejado a la libre interpretación; ha jugado en contra el federalismo, la idea de que cada estado, en uso de su soberanía, puede adecuar la Reforma según le parezca”.
González Placencia subrayó que la arraigada tradición procesalista, impregnada de ‘parroquialismo jurídico mexicano’, hace pensar que lo que se produce en México es inmejorable, como lo fue con el amparo y lo es ahora con las prácticas procesales que están en los libros y que se plantean como verdades incuestionables.
Al respecto, dijo, es primordial atender hacia un necesario cambio de mentalidad de los operadores jurídicos frente al propio sistema penal acusatorio: “Es fundamental que los operadores jurídicos tengan una comprensión cabal de los que significa el debido proceso como núcleo duro dentro del sistema penal acusatorio, que armoniza con la visión de los derechos humanos; que deje de ser un tema de aproximaciones y de escuelas para convertirse en una obligación”.
Es necesario, agregó, que los operadores jurídicos hagan esa relectura, lo mismo que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que tomen las previsiones necesarias para que la actitud sea distinta, ya que aunque en 2008 se logró avanzar, a final se generó también una Reforma ‘esquizofrénica’.
Y explicó que, aunque se intentó superar la visión inquisitorial del sistema penal para aproximarse hacia un proceso penal acusatorio; también se incorporaron elementos de excepción, a través de contrarreformas dentro de la propia reforma, que ha costado mucho tratar de desmontar: “Por ejemplo la figura del arraigo, prácticas del Ministerio Público y dentro de las prisiones, contrarias a la Reforma Constitucional o que a veces prácticamente la anulan”.
En la ciudad de México, dijo, se ha hecho muy poco, lo cual es un problema y también una ventaja: “Tenemos la posibilidad de que lo que hagamos sea realmente de vanguardia, de tomar en cuenta una década de experiencia en América Latina y de 4 o 5 años de las experiencias en los estados y de entender cuál sería el camino más adecuado para que la ciudad de México pueda tener un sistema realmente acusatorio”.
En tanto, las Diputadas Olivia Garza de los Santos, del Partido Acción ANcional (PAN), Presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios; y Miriam Saldaña Cháirez, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), celebraron la convocatoria de la CDHDF para abrir el debate sobre las reformas locales pendientes, con una visión de derechos humanos.
Saldaña Cháirez se refirió a la criminalización de la pobreza y anunció que propondrá al Pleno de la Asamblea que las patrullas sean monitoreadas para evitar torturas en las puestas a disposición.
Por su parte, Garza de los Santos reiteró su compromiso para que las iniciativas de reforma relativas a la implementación del sistema penal en la ciudad de México consideren la privación de la libertad de las personas como la última opción de justicia y no la primera, como actualmente sucede, lo cual, dijo, se evidencia en la sobrepoblación de los centros de reclusión en el Distrito Federal, donde tres de cada cuatro internos provienen de familias con ingresos de apenas un salario mínimo.
En la Conferencia Inaugural “Implementación del Sistema Penal Acusatorio en Latinoamérica”, Carolina Villadiego Burbano, habló de la relación entre el sistema penal acusatorio y los derechos humanos y de sus nociones básicas, como el debido proceso, los juicios orales públicos y contradictorios y de las garantías para la defensa.
Al respecto, dijo que se debe lograr el equilibrio para garantizar de igual forma los derechos de las víctimas tanto como los de las personas acusadas, para lo cual también es necesaria la separación de las funciones de investigación de los delitos de los juzgadores, además de que las procuradurías actúen más como fiscalías para la investigación y no como jueces.
Entre las claves que mencionó para lograr una adecuada implementación, a partir de la experiencia comparada, está la de lograr reformas estructurales y no cosméticas, la modificación de prácticas, lograr modelos de gestión adecuados y modernos, la coordinación entre instituciones; la rendición de cuentas y someterlas a procesos de evaluación.
Asimismo, advirtió sobre la práctica de acciones inquisitoriales que limitan el debido proceso, como la de la falsa oralidad con lecturas excesivas del ‘expediente’, la concentración o separación de las audiencias en el tiempo; las restricciones de la oralidad en ciertas partes del proceso; el fortalecimiento de la Defensoría Pública; así como de los elementos policíacos, que son el primer eslabón del sistema penal.
Fuente: cdhdf.org.mx (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF)
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) celebra La entrada en vigor del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC) representa un importante avance en la protección y garantía de estos derechos
El Organismo saluda este importante logro y se suma a las manifestaciones de la Sociedad Civil Organizada de la ciudad y el país en el llamado al Estado Mexicano para que firme y ratifique dicho instrumento.
El Protocolo establece tres mecanismos o procedimientos diferentes para atender violaciones: un procedimiento de comunicaciones individuales o colectivas (quejas o peticiones) que permite a las víctimas de violaciones a DESC presentar una queja ante el Comité DESC de la ONU; un mecanismo operativo de quejas interestatales o comunicaciones entre los Estados, y un mecanismo operativo de investigación que permite al Comité DESC iniciar una investigación cuando reciba información fiable que indique la existencia de violaciones graves o sistemáticas de los derechos consagrados en el PIDESC.
Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Portugal, Eslovaquia, España y Uruguay ya ratificaron dicho Protocolo, lo cual representa una avance para impulsar acciones de justicia ante violaciones como las que viven 38 mil 020 de personas en México que no cuentan con derechohabiencia (Censo 2010); los 4,3 millones que según Conagua en 2010 vivían sin servicio de agua, y para el 18.2% que de acuerdo con datos del Coneval de 2010 vivían en pobreza alimentaria.
También se abona al reconocimiento de la capacidad de las personas individuales y colectivas para denunciar presuntas violaciones y reclamar el ejercicio de éstos derechos, lo que obliga al Estado a generar los mecanismos adecuados para garantizarlos, promoverlos, protegerlos y respetarlos. Para la CDHDF es un claro ejemplo de progresividad de los derechos humanos y de los alcances de lucha cotidiana por su reivindicación. La firma y ratificación de éste instrumento por parte del Estado Mexicano es fundamental, ya que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, representa su inclusión en los estándares internaciones que ya hacen parte del marco jurídico nacional.
Fuente: cdhdf.org.mx (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF)
Quienes gobiernan desconocen dónde están y cuántas personas conforman los pueblos afrodescendientes de México y queremos visibilidad para tener, en lo inmediato, reconocimiento constitucional, afirmó Néstor Ruiz, representante de organizaciones sociales de los estados de Guerrero y Oaxaca.
Durante el Foro: Los Pueblos Afromexicanos. La lucha actual por su reconocimiento, realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAM-I), hizo un llamado para que la reforma que se analiza actualmente en el Congreso de Oaxaca, respecto a su reconocimiento, avance a favor.
La mayor parte de la población afromestiza se encuentra en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz; se dedican a la agricultura y ganadería, pero no tienen la asistencia técnica ni apoyo financiero para el desarrollo de proyectos.
Al inaugurar el encuentro el doctor Javier Velázquez Moctezuma, rector de la UAM-I sostuvo que para la universidad es un foro de suma importancia, ya que uno de sus principales objetivos, además de generar conocimiento e investigación, es el buscar soluciones a las problemáticas que enfrenta la sociedad. El reconocimiento a los pueblos afromexicanos, dijo, es de urgente resolución, por ello es necesario “mirarse al espejo” como nación, para apreciar su cultura y lograr la aceptación y armonía.
Durante su intervención, Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), destacó la importancia que tiene la participación y desarrollo de políticas públicas por parte del Estado mexicano para prevenir y eliminar la discriminación hacia la población afrodescendiente en México.
Enfatizó que es necesario que se garantice que todas las instituciones, incluso las educativas, apliquen las políticas necesarias para que exista desde el reconocimiento estadístico –vía el próximo conteo nacional de población y vivienda—, cultural, del patrimonio histórico y constitucional a las poblaciones afrodescendientes en México, para que se pueda concretar una sociedad de derechos, tal como lo ha señalado con claridad el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
En su oportunidad la maestra Patricia Chemor Ruíz, Secretaria General del Consejo Nacional de Población (Conapo), reconoció que no existe información estadística detallada acerca de las poblaciones afromexicanas, debido a fenómenos como la migración, ya que muchos afrodescendientes se han marchado hacia distintos polos de desarrollo.
Aunado a ello, mencionó, los censos poblacionales que se han realizado en el país, no han tenido una pregunta específica para identificar y contabilizar a las personas afromestizas, por lo que además de hacerse más difícil su localización geográfica, no se tienen planes ni políticas públicas orientadas a ellos; aunque desde la dependencia se trabaja en la obtención de información más detallada sobre las poblaciones.
El maestro Pedro Pablo Villanueva, representante del Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), está en el proceso de elaboración de su programa de colaboración con México 2014-2018 y manifestó su confianza de que se incorpore la academia para contribuir en temas como generación, sistematización y aplicación de información sociodemográfica para la formulación de políticas públicas.
El desarrollo de programas comunitarios en salud sexual y reproductiva dirigida a jóvenes, prevención de la violencia de género y la promoción del diálogo político con instancias gubernamentales y legislativas para el reconocimiento de los derechos y necesidades de los pueblos afromexicanos, son las líneas de trabajo del organismo.
Además de la asistencia de integrantes de comunidades afrodescendientes provenientes de la Costa Chica, al foro acudieron representantes de los gobierno de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, así como de la embajada de Haití.
Fuente: www.conapred.org.mx (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación).
El Gobierno del Distrito Federal comunica la aceptación integral de la recomendación 7/2013 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) respecto al caso de “Violaciones a derechos humanos en el contexto del operativo policial del 1 de diciembre de 2012 denominado por autoridades del Distrito Federal Transmisión del Poder Ejecutivo Federal y Palacio Nacional”.
El GDF en cumplimiento al mandato establecido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asume las obligaciones generales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país, esto implica una política pública consistente, integral y progresiva a favor de las libertades y derechos de las personas que habitan y transitan por nuestra ciudad.
El Gobierno de la ciudad manifiesta que, en congruencia con lo anterior, ha decidido aceptar la totalidad de los puntos recomendatorios, por lo que se implementarán las políticas públicas que garanticen la no repetición y se promoverá la reparación integral a las víctimas por los hechos excepcionales acontecidos el 1 de diciembre de 2012.
Esta recomendación, dirigida a la Secretarías de Seguridad Pública y de Gobierno de la Ciudad de México, a la Procuraduría General de Justicia capitalina y al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal contiene 22 puntos recomendatorios, así como señalamientos respecto a violaciones a derechos humanos como son la seguridad pública; la libertad y seguridad personales con relación al debido proceso legal; la integridad personal; y los derechos a la manifestación y protesta.
A través de la aceptación de la recomendación 7/2013 de la CDHDF, el Gobierno de la Ciudad de México se compromete a llevar a cabo como parte de las garantías de no repetición, la revisión de las políticas públicas y marcos normativos de las instancias señaladas como responsables a fin de garantizar que el trabajo diario de sus instituciones tome como centro los derechos y libertades de la ciudadanía. Particularmente destaca la decisión del Gobierno de la ciudad para implementar un proceso de diagnóstico de los procedimientos de la policía bajo la finalidad de adecuarlos a los estándares de protección de los derechos humanos.
Igualmente, a partir de la evidencia que sustenta la recomendación 7/2013, el GDF a través de las instancias competentes se compromete a instrumentar los procedimientos administrativos y legales que permitan que los hechos sean efectivamente investigados y los servidores públicos responsables sean sancionados de acuerdo a las reglas del debido proceso.
Finalmente, se reitera el compromiso del Gobierno del Distrito Federal con el respeto y garantía de los derechos humanos y en este caso particular, refrenda su voluntad para hacer valer los derechos a la seguridad ciudadana, a la libertad y seguridad de las personas, al debido proceso, a la integridad personal y al derecho a la libertad de expresión que traducido en manifestaciones sociales pacíficas constituye un elemento fundamental del desarrollo democrático de nuestra sociedad.
Fuente: www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx
(Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal, GDF)
El día de mañana, 10 de mayo, Amnistía Internacional (AI) se sumará a los reclamos de familiares de víctimas de desaparición durante la “2da Marcha de la dignidad nacional” que tendrá lugar en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México.
Esta caravana se integra de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil que exigen verdad y justicia sobre los miles de casos de desapariciones sin resolver, incluso desapariciones forzadas– es decir, desapariciones ocurridas con la participación de agentes del estado-.
Recientemente las autoridades mexicanas reconocieron al menos 26,000 casos de desapariciones ocurridas en los últimos años, la mayoría de los cuales permanecen sin ser investigados. Tampoco existe información sobre cuántos de estos casos podrían constituir desaparición forzada.
“Varios de estas personas no buscan solo a una o un integrante de su familia, sino a familias completas que han desaparecido. Estas personas continuarán su lucha para saber que ha sido de sus familiares desparecidos hasta que sepan la verdad.” Afirmó Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional en México.
“Aunque no todos los casos de desapariciones sean casos de desapariciones forzadas, eso de ninguna forma aminora la tragedia que sus familias viven y tampoco disminuye la obligación de investigar estos casos para así garantizar la verdad y la justicia.” Agregó Zapico.
Las familias de las víctimas se han tenido que enfrentar a enormes dificultades para documentar sus casos y sumar sus voces a las de otras familias para presionar a las autoridades federales y estatales. Es hora de que estas autoridades reconozcan la dignidad de la lucha de las familias y actúen para cumplir con sus justos reclamos qué exigen el esclarecimiento de las desapariciones y llevar ante la justicia a los responsables.
Información adicional.
Amnistía Internacional escribió a Enrique Peña Nieto durante sus primeros días en la presidencia para resaltar las acciones urgentes que se requieren para atender la grave situación de derechos humanos, en especial los casos de desapariciones. Durante los últimos meses Amnistía Internacional ha continuado documentado esta alarmante situación.
Recientemente durante su visita a México, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, señaló una serie de acciones que las autoridades deben implementar para priorizar la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia en garantía del derecho a la vida, entre las cuales se incluyen investigar efectivamente los casos de desapariciones y construir, en colaboración con los gobiernos de Centroamérica, una base de datos de personas desaparecidas que incluya información biométrica.
Fuente: Amnistía Internacional México
El día de ayer, 5 de mayo, entró en vigor el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), esto ocurre después de que este Protocolo fuera firmado por 41 países y ratificado por 10.
Sin embargo, a pesar de que México fue uno de los países que impulsó la creación de este instrumento internacional, se encuentra vergonzosamente fuera de la lista de países firmantes.
Este nuevo instrumento es una herramienta clave en la lucha contra la pobreza ya que posibilita a cualquier persona o grupo presentar sus casos sobre falta de acceso a derechos como la educación, agua, vivienda o la salud un Comité de la ONU.
Amnistía Internacional considera este instrumento una pieza clave en cualquier esfuerzo serio para erradicar la pobreza, pues establece mecanismos de rendición de cuentas, ya que hace posible que las personas puedan poner quejas y exigir explicaciones si consideran que las medidas que se toman no están mejorando su situación.
“La pobreza es un problema de derechos humanos, es una tragedia de derechos humanos y ningún esfuerzo para combatirla tendrá resultados efectivos y duraderos si no se ponen los derechos humanos al centro de esta lucha” afirmó Daniel Zapico, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México.
Preocupa a la organización que si bien el gobierno federal ha reiterado numerosas veces su compromiso para erradicar la pobreza hasta el momento se ha negado a firmar este tratado, lo cual podría poner en entredicho la credibilidad de este compromiso.
“El Protocolo no va a solucionar por sí mismo el problema de la pobreza en México, pero es un paso necesario para el empoderamiento de quienes viven en estas condiciones y una muestra del compromiso del Estado mexicano con sus habitantes y con la comunidad internacional para garantizar una vida digna a todas las personas” agregó Zapico.
La organización llama a las autoridades mexicanas a tomar todas las acciones necesarias para que este protocolo se firme y ratifique a la brevedad y de esta forma se despeje al camino para que las millones de personas que viven en la pobreza puedan exigir sus derechos.
Información adicional
Han pasado casi cuatro años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en diciembre de 2008 el Protocolo Facultativo y tres años desde su apertura a firma. Desde entonces 41 países de todo el mundo han firmado este instrumento.
Este Protocolo fue aprobado por consenso en la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008, necesitando para su entrada en vigor de la firma y posterior ratificación de, al menos, diez Estados.
Este protocolo además de crear una vía para escuchar quejas individuales sobre violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, establece un mecanismo de investigación, de carácter confidencial, que permite al Comité investigar estas presuntas violaciones en el territorio de cualquier Estado que lo haya firmado.
Fuente: Amnistía Internacional México
- El Programa atiende a los puntos de la Recomendación 9/2012
- El modelo delegacional podría ser útil en otras demarcaciones con una problemática similar en materia de explotación sexual de las personas, advirtió el Ombusdman capitalino
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoció la voluntad del Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, Alejandro Fernández Ramírez, para aceptar la Recomendación 9/2012 y de acatarla a través del Programa de Combate a la Trata de Personas (enfoque de Capacitación en Derechos y Garantías Sociales).
En la Presentación de dicho Programa, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, consideró que el proyecto de trabajo toma en cuenta los siete puntos recomendatorios planteados por la CDHDF en julio de 2012, para que la autoridad delegacional evite la trata de personas y otras formas de explotación, como la prostitución ajena, con el diseño e implementación de una política pública integral para prevenirla.
“Esto es importante porque hace del instrumento recomendatorio la base para una política pública destinada a atender un problema específico”, insistió.
González Placencia celebró que el Programa tenga un enfoque interinstitucional y multidisciplinario, además de integrar la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) expertas en el tema de la trata de personas.
“Representa, desde el punto de vista de las ganancias, el segundo delito en importancia en el país, después del narcotráfico. Pero desde el punto de vista de los efectos que tiene en las víctimas, seguramente es el más importante de los delitos atribuibles a la criminalidad organizada”, agregó.
Dijo que en el caso de la Delegación Cuauhtémoc, la problemática hace presumir la existencia de redes de trata de personas que involucra a personas adultas e incluso a menores de edad, por lo que es evidente y necesario un enfoque integral para abatir este delito.
“Vamos a ir acompañando este Programa, desde la CDHDF, no sólo por el seguimiento que damos a todas nuestras Recomendaciones, sino también porque lo que se pueda lograr en la Delegación Cuauhtémoc puede convertirse en un modelo que debería ser replicable en otros espacios de la ciudad de México, dado que el fenómeno de la trata tiene un carácter trasnacional”, enfatizó.
En tanto, el Jefe Delegacional, Alejandro Fernández, explicó que el Programa incluye tres líneas estratégicas, mediantes las cuales se realizarán acciones de prevención entre 20 mil estudiantes de educación secundaria y de bachillerato; así como de preparación de funcionarios públicos y de la coordinación interinstitucional con autoridades de Salud, de Procuración de Justicia y de Desarrollo Social, que pretende el acceso a las garantías sociales a las víctimas del delito de trata.
A la Presentación del Programa acudió el Procurador General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Ríos Garza; la Secretaria de Desarrollo Social, Rosa Isela Rodríguez; y la Directora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Santamaría, quienes expresaron su participación en el Programa desde las funciones que cada uno desarrolla, en materia de acceso a la justicia, de atención a las víctimas sobrevivientes y en capacitación para el trabajo.
Para atender el tema de trata, el Presidente de la CDHDF acudió posteriormente a la Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, El Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil, en la sede de la Procuraduría capitalina.
Además del Presidente de la Comisión Interinstitucional, el Procurador de Justicia capitalino, Rodolfo Ríos Garza, participaron otros integrantes como el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar; el Secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida; el Secretario de Turismo, Miguel Torruco; y la Directora de Inmujeres, Beatriz Santamaría.
Fuente: cdhdf.org.mx (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF)
