Category : Derechos Humanos
- No se trata de un hecho aislado.
- Los policías de investigación consignados se encuentran vinculados con otros hechos de queja denunciados ante la CDHDF.
- Urgente la reforma democrática de la institución policial.
La CDHDF expresa su preocupación por los eventos que generaron la consignación de seis policías de investigación por su presunta participación en hechos de privación ilegal de la libertad, así como la inhabilitación del Director de inteligencia policial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. A partir del caso concreto se aperturó una investigación de oficio y se enviaron medidas precautorias a la Procuraduría capitalina para que se investigara a fondo y se evitara la impunidad.
Lamentablemente, no estamos frente a un caso aislado. El año pasado la CDHDF emitió la Recomendación 8/2011 por detención arbitraria, extorsión y tortura de tres jóvenes imputable a elementos de la policía de investigación. Más aún, seis de los policías de investigación vinculados con los hechos que han trascendido en los medios de comunicación en últimos días, han sido señalados en otras seis quejas recibidas por la Comisión. Si bien dichos expedientes aún se encuentran en investigación y la CDHDF no presupone su responsabilidad, si es importante mencionar que de acuerdo con los testimonios recabados un patrón común en las denuncias ciudadanas consiste en señalar que las personas son detenidas en la vía pública, se les extorsiona solicitándoles sumas de dinero y en caso de no proporcionarlas se les vincula con hechos delictivos.
En la misma tesitura, uno de los agentes policiales hoy consignados por presuntos actos de privación ilegal de la libertad, fue reconocido por las victimas en la Recomendación 10/2007 como uno de los policías que detuvieron arbitrariamente y torturaron a los agraviados.
La Comisión en otras ocasiones se ha pronunciado a favor de la necesaria reforma democrática de la policía, a través de la cual se adopte un modelo ciudadano de seguridad y se implementen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas al interior de las corporaciones. En Recomendaciones sobre violaciones graves como tortura ha solicitado el establecimiento de tramos de control y supervisión que impidan la generación de espacios de vulnerabilidad hacia las personas detenidas.
Particularmente, en la Recomendación 8/2011, frente a un caso de detención arbitraria, extorsión y tortura, la CDHDF, solicitó a la Procuraduría: “Que en el plazo de un mes contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se diseñen procedimientos, o bien, se modifiquen los ya existentes para garantizar efectivamente la prevención, evaluación, identificación y alerta temprana de patrones de conducta indebida o ilegal de la policía y el Ministerio Público, así como la promoción de la investigación, evaluación, sanción y abatimiento de las mismas. Lo anterior con el fin de fortalecer y transparentar la labor de las instancias de control interno ya existentes”.
Resalta igualmente, que en múltiples Recomendaciones (19/2007, 17/2008, 20/2008, 10/2009, 27/2009, 8/2011 y 11/2001), la CDHDF ha requerido a la Procuraduría la elaboración del Manual Jurídico Operativo de la Policía de Investigación, que regulara la actuación operativa de la corporación, la cadena de mando y supervisión e incluyera los protocolos de intervención para situaciones específicas, sin embargo, el mismo a la fecha no ha sido emitido.
Particular énfasis ha puesto la Comisión en la impunidad. Como se observa en las Recomendaciones 10, 11 y 12, todas del 2011, consideramos que la no investigación, procesamiento y sanción de los policías frente a hechos del abuso del poder genera un espacio de permisividad e incluso hasta de complicidad institucional. Basta ejemplificar que en la Recomendación 12/2011 la CDHDF constató que uno de los policías ministeriales que participaron en los actos de incomunicación y tortura de las víctimas al momento de emitir la Recomendación estaba vinculado con 29 procedimientos de investigación del orden penal y 16 procedimientos administrativos sancionatorios.
La CDHDF, no deja de lado algunos esfuerzos que hemos inidentificado al interior de la Procuraduría como lo es el Consejo para el Nuevo Modelo de la Policía, o el esquema de exámenes de control y confianza, sin embargo, estas iniciativas aún no han llegado a brindar los resultados esperados particularmente porque no se han traducido en el diseño y práctica de un nuevo modelo de la institución policíal. Los hechos recientes de corrupción policial son una muestra clara de ello.
Frente a los últimos acontecimientos y ante evidencias sólidas de que no se trata de hechos aislados, resulta impostergable el inicio de un proceso serio que reforme democráticamente la Policía de Investigación de la Procuraduría capitalina. En la propuesta general emitida por la CDHDF en el año 2008 como resultado de la consulta pública sobre “La Policía de Queremos” se estableció la necesidad de crear un Consejo para la Reforma Policial, así como la figura de un Auditor General de la Policía como plataformas para el diseño e instrumentación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que vincule la operación policial con instrumentos de control y supervisión y particularmente que incorpore los derechos fundamentales como un eje transversal en su actuación.
Fuente: cdhdf.org.mx (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF)
Colaboró CDHDF en el Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, de la CIDH.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exhorta al Estado mexicano a cumplir las Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formuladas en el “Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, a fin de que las condiciones de este sector sean dignas, seguras y suficientes.
En días recientes, la CIDH publicó el citado Informe, cuyo propósito es identificar los principales patrones de violación a los derechos de las personas privadas de la libertad en la región y con ello formular Recomendaciones a los Estados para garantizarlos.
De acuerdo con el Informe, para la CIDH los problemas más graves en los Centros de Reclusión de la región son: hacinamiento, superpoblación, falta de servicios básicos, altos índices de violencia carcelaria, falta de control efectivo de las autoridades, empleo de tortura y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.
Respecto de México, la Comisión Interamericana resalta su preocupación sobre la presencia reiterada de denuncias sobre “internos jefes” en los reclusorios, los cuales ejercen control al interior de éstos.
Además, desde 1998 ha informado de casos de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes que se producen durante la etapa de investigación previa de los delitos como método para obtener confesiones o a modo de intimidación.
Por ello, la CIDH recomienda la implementación de medidas preventivas, acciones judiciales y programas públicos para evaluar y garantizar la gobernabilidad de las prisiones y mantener un trato igualitario y justo entre las personas privadas de la libertad.
Respecto a la garantía del derecho a la vida, recomienda adoptar medidas de prevención de situaciones críticas a través de capacitación del personal penitenciario y el establecimiento de protocolos y planes de acción; así como el mejoramiento de estructuras físicas que reduzcan los riesgos de accidentes que pongan en peligro la vida de los personas privadas de libertad, eliminar el hacinamiento y la sobrepoblación e investigar las muertes violentas ocurridas en los reclusorios.
En cuanto al derecho a la integridad personal, insta a promover una política de prevención general de los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de sus agentes y de terceros.
La CDHDF participó en la entrega de información para la elaboración del “Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, en el marco de la visita del Comisionado Rodrigo Escobar Gil.
Los datos y testimonios respecto a la situación de las personas privadas de la libertad en la ciudad de México fueron retomados en el Informe de la CIDH.
La CDHDF comparte el diagnóstico realizado por la CIDH y reitera la necesidad de que el Estado mexicano cumpla con las Recomendaciones que se le formulan.
El texto integro del Informe puede ser consultado a través de:http://www.oas.org/es/cidh/informes/tematicos.asp
Fuente: www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx
(Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal, GDF)
Convoca a mesas de trabajo para construir una agenda en materia de los derechos de la población LGBTTTI
En conmemoración del Día de Lucha Contra la Homofobia (17 de mayo), la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) manifiesta su postura a favor de todas y cada una de las acciones que se han realizado para hacer exigible y justiciable el derecho a la igualdad y a la No Discriminación, el respeto a las diferencias y el ejercicio de la tolerancia, para que se garantice el goce pleno de los derechos humanos para todas las personas sin importar su orientación o preferencia sexual y/o su identidad o expresión de género.
El Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, destacó lo logros conseguidos en favor del reconocimiento de los derechos del colectivo de la diversidad sexual en el Distrito Federal, lo que significa un piso, “pero falta mucho por construir en materia de política pública”.
Expresó que se debe seguir avanzando en lograr un acceso igualitario al Derecho a la Salud, atender los problemas relacionados con discriminación laboral, la discriminación en lugares de esparcimiento, y en las escuelas.
Señaló que en términos formales la ciudad de México ha sido una promotora importante de los derechos de todos quienes pertenecen a este gran colectivo de la diversidad sexual, que se concreta en la Ley de matrimonios igualitarios, “pero no basta, es un primer paso, porque a raíz de estas reformas se generaron reacciones que son indicadores del nivel de la intolerancia que todavía hay en el Distrito Federal”.
Mencionó que esta intolerancia se da en por lo menos el 25% de la sociedad que se manifestó en contra de las reformas, y otro 25% que se manifestó en contra de las adopciones de las parejas del mismo sexo, “lo que en términos sociales implica un reto, del cambio de cultura que hay que hacer, de la información que hay que generar para que se entienda que las manifestaciones de la sexualidad forman parte de la diversidad humana”.
Explicó que lo que en principio se manifiesta como un rechazo, por temor o falta de información, implica el riesgo de que se manifieste en violencia de distintos niveles, “en la ciudad todavía vemos que las autoridades, especialmente las relacionadas con la seguridad pública, y en el Metro, se muestran muy intolerantes ante manifestaciones afectivas que se pueden dar en la vía pública”.
El próximo 29 de mayo a las 10:00 horas, la CDHDF junto con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan por los derechos de la diversidad sexual, la Universidad Autónoma y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación ambos de la Ciudad de México, llevarán a cabo la Jornada por la tolerancia y el respeto a los derechos humanos de la diversidad sexual.
El objetivo es abordar mesas de trabajo sobre materia legislativa, política pública, acceso a la justicia y debido proceso, a fin de construir una agenda de reivindicaciones políticas y sociales en el Distrito Federal.
Ejercicio necesario para fortalecer los derechos humanos de la población, pues en nuestra ciudad y país, la intolerancia y la falta de sensibilidad hacia la diversidad sexual existen y llegan a manifestarse en la comisión de crímenes de odio.
Como se ha indicado en el Informe de Crímenes de Odio por Homofobia en México 1995-2009, realizado por la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia (CCCOH), que señala que más de 750 personas han sido asesinadas por causa de su diversidad sexual.
De ello dan constancia los asesinatos del doctor Francisco Estada Valle en 1995; del activista Octavio Acuña en 2005; del guerrerense Quetzalcóatl Leija; de Christian Sánchez Venancio en julio de 2011, o el reciente crimen de la psicóloga Agnes Torres en marzo pasado, casos que han conmocionado a la opinión pública por el odio y la crueldad con los que fueron cometidos, los cuales en su gran mayoría están impunes.
Los derechos humanos de la población lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI) están lejos de ser una realidad cotidiana para quienes han decidido ejercen su sexualidad libremente, de acuerdo a su orientación, preferencia o que manifiestan y expresan su identidad de género sin temor al rechazo, encontrándose en cambio con expresiones de discriminación cultural y social que descalifican y excluyen lo diferente.
Por ello, la CDHDF exhorta a la ciudadanía para que desde su ámbito personal y profesional, ejerza su derecho de pensar y actuar libremente, sin discriminación, con tolerancia y respeto para todas las personas independientemente de su orientación o preferencia sexual e identidad o expresión de género, para no permitir que la intolerancia y el odio den paso a la injusticia y a la violencia.
En este sentido, hoy y todos los días son la ocasión para comprometerse con el respeto a la diversidad y la paz social.
Fuente: cdhdf.org.mx (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF)
El próximo jueves 24 de mayo, Amnistía Internacional (AI) presentará su informe mundial anual 2012 y su agenda de derechos humanos para las próximas elecciones presidenciales y legislativas en México. La presentación tendrá lugar en el Auditorio Alfonso García Robles del Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT).
El informe mundial anual comprende un extenso análisis de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en México y el mundo que han sido motivo de preocupación para la organización durante el último año.
La agenda de derechos humanos para las elecciones recopila una serie de preocupaciones y recomendaciones en materia de derechos humanos que deberán ser la prioridad para las y los candidatos a las próximas elecciones presidenciales y legislativas.
Acompañarán en la presentación la destacada periodista Sanjuana Martínez y el defensor de derechos humanos Abel Barrera.
Cuando: Jueves 24 de Mayo. 10.30 horas (Presentarse al registro a las 10.00 horas)
Donde: Auditorio Alfonso García Robles del Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), Ricardo Flores Magón 1, Tlatelolco.
Quien:
Sanjuana Martínez: Periodista independiente.
Abel Barrera: Director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
Alberto Herrera: Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
El Ombudsman capitalino inauguró el Primer Encuentro Internacional de Atención Psicosocial a Víctimas de la Violencia Social “México Lindo y Herido”
Una víctima tiene todo el derecho a reclamar durante toda su vida al Estado por los daños causados por el mal desempeño u omisión de sus agentes, aseveró el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis Armando González Placencia.
Al inaugurar el Primer encuentro internacional de atención psicosocial a víctimas de la violencia social “México lindo y herido”, dijo que los daños causados a las víctimas nunca son reparados en su totalidad y que los procesos no se cierran ni siquiera con la aceptación de una Recomendación o la destitución de funcionarios.
“El daño permanece, porque nunca debió haber ocurrido. El proceso sigue abierto en las familias, en el entorno en el que se desarrollan día a día las personas que perdieron a sus hijos y que ninguna reparación les va a devolver”, advirtió.
Rechazó también que exista una supremacía entre las víctimas del delito sobre las víctimas del Estado cuando se violan sus derechos humanos, pues antes que todo, lo que importa es la impartición de la justicia y no clasificar a unas como víctimas de primera y a las otras como víctimas de segunda, dijo.
Insistió en que las instituciones deben estar preparadas no sólo para investigar y procurar y administrar justicia, sino también para atender y dar acompañamiento psicosocial a las víctimas de la violencia social.
En ese propósito, señaló, la CDHDF ha venido trabajando precisamente en un área para la atención de las víctimas a violaciones a derechos humanos, a raíz del caso de la discoteca New’s Divine, en el que perdieron la vida 12 personas, cuatro de ellas menores de edad, a través de un enfoque psicosocial, ahora en su Unidad de Acompañamiento de Víctimas, a partir del año pasado.
“La tragedia del New’s Divine nos enseñó muchísimo: nos enseñó que el valor de la intervención a favor de las víctimas estaba mucho más allá de la intervención jurídica y de la investigación de los hechos; nos llevó a la necesidad de entender los procesos de victimización en una perspectiva mucho más amplia”, subrayó.
“Entender eso para nosotros ha sido un aprendizaje fundamental: nos obliga a ser partícipes del reclamo de las víctimas, particularmente de quienes fueron agraviadas en sus derechos humanos, a través de la acción u omisión de los agentes del Estado”, dijo.
Justamente, agregó, a partir de esa experiencia, nos vinculamos con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la Asociación Tech Palewi, A.C. y con Cauce Ciudadano, en un momento que fue vital para las víctimas y ante esa carencia de atención específica de la CDHDF.
En tanto, la Directora Académica y Cofundadora de la Asociación Tech Palewi, A.C., Edith Zúñiga Vega, se refirió a los diferentes rostros de la violencia social en México, sus características, dimensiones y consecuencias, así como de la importancia de atender psicosocialmente a las víctimas, en una perspectiva de derechos humanos.
Las niñas, los niños, los adolescentes, dijo, son quienes principalmente han sufrido los estragos de la tragedia, tanto directa como indirectamente, a través de sus comunidades y familias.
Llamó la atención sobre los especialistas que intervienen y atienden a las víctimas, y que son al mismo tiempo también víctimas de la violencia, como las y los defensores de derechos humanos y las y los periodistas. Se pronunció también por la reparación psicosocial del daño a las víctimas de la violencia social como un derecho humano.
Por su parte el Jefe del Programa de Intervención en Crisis a Víctimas de Desastres Naturales y Socio-organizativos de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jorge Álvarez Martínez, dijo que cada vez es más sorprendente lo que sucede en el país y la necesidad de actualización de los profesionales de atención psicosocial, quienes muy rápido se ven rebasados ante los hechos.
Finalmente, el Investigador Titular y Director del Área Académica de Sociedad, Cultura y Salud del Colegio de la Frontera Sur, Héctor Javier Sánchez Pérez, destacó las más de 60 mil muertes de los últimos años, las desapariciones forzadas, los secuestros y los desplazamientos forzosos de familias o incluso de comunidades enteras.
Mencionó el caso de las mujeres migrantes centroamericanas, quienes antes de iniciar su paso por territorio mexicano deben administrarse anticonceptivos, a sabiendas de que la gran mayoría de ellas serán abusadas sexualmente, ya no sólo por delincuentes comunes, sino “por aquellos que se supone deberían defenderlas”.
El Primer encuentro internacional de atención psicosocial a víctimas de la violencia social “México lindo y herido” se desarrolla hoy y mañana, a través de cuatro Mesas Redondas y dos Conferencias Magistrales, la primera “Atención psicosocial y derechos humanos”, a cargo de Carlos Martín Beristain; la segunda, “Los por qués y los cómos de la violencia en México”, estará a cargo de Edgardo Buscaglia.
Fuente: cdhdf.org.mx (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF)
Con el fin de proponer mediante la fotografía una visión digna, objetiva y crítica del movimiento lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, intersexual (LGBTTTI), el Club Fotográfico de México convocó al IV Concurso Nacional de Fotografía Luz Diversa 2012, que busca “dejar a un lado las etiquetas comunes con las que suele ser identificado por la sociedad”.
El concurso, -que donará entre 10 y 15 por ciento de lo recaudado a la organización Condomóvil AC, dedicada a prevenir el VIH/sida, busca “no sólo fotos bonitas, sino que realmente se dé un impacto dentro del mismo movimiento y en la concientización de la gente”, comentó en entrevista Aldo Iram Juárez, vicepresidente del club.
Explicó que el tema de este año, “¿Orgullo?”, propuesto por Daniel Farid de Anda, fundador y organizador del evento, pretende cuestionar los motivos de quienes integran el movimiento para sentirse orgullosos, y por otro lado evitar que se etiquete a la comunidad con estereotipos como “la extravagancia”.
Por su parte, Polo Gómez, coordinador de Condomóvil, quien el pasado 5 de marzo sufrió un accidente automovilístico en el kilómetro 114 de la carretera Arriaga-Pijijiapan, del estado de Chiapas, y donde se reportó la pérdida total del vehículo, mencionó que aunque en México es difícil encontrar solidaridad para recaudar fondos para temas como sexualidad y VIH/sida, retomarán la “Ruta por la VIHda del Migrante 2012. Ven hazte la prueba”, campaña que hacían cuando sufrieron el percance.
La convocatoria
La convocatoria está abierta a fotógrafos profesionales, estudiantes, aficionados y público en general. El tema es el movimiento LGBTTTI y se puede participar con una fotografía o una serie de tres a cinco. La técnica es libre y se pide una cuota de recuperación de cincuenta pesos. La fecha límite de recepción de las obras es el próximo 30 de julio, los resultados se darán a conocer el 27 de agosto de este año y la fecha de premiación será el 31 del mismo mes.
En el jurado participará Armando Cristeto, entre otros fotógrafos reconocidos, además de integrantes del Club Fotográfico de México y del Condomóvil. Habrá tres fotografías ganadoras, el primer lugar recibirá 15 mil pesos, el segundo 10 mil pesos y el tercero 5 mil pesos.
- Participó Ombudsman capitalino en la presentación de Resultados del Portafolio Sistemas de Protección Integral a la infancia en centros comunitarios de desarrollo infantil
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis Armando González Placencia, dijo que en el marco de la Reforma Constitucional de junio de 2011, la educación es el motor fundamental de la construcción de ciudadanía.
En la Presentación de Resultados: Portafolio Sistemas de Protección Integral a la Infancia en Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil, el Ombudsman capitalino dijo que para la CDHDF las niñas y los niños son un asunto de interés estratégico, de acuerdo con el propósito del Estado de Derecho.
Agregó que, los derechos humanos no se aprenden en un libro o con la memorización de los instrumentos internacionales, de las normas o las leyes, sino a partir de su vivencia cotidiana en la casa y en la escuela, así como en el resto de los espacios de socialización.
En razón de ello, subrayó que los Centros Comunitarios, con carácter autogestivo, merecen el mayor reconocimiento, dado que se han formado a la mitad del camino, entre las instituciones oficiales y las privadas, donde las madres y los padres, junto con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) permiten el acceso a la educación a todas las niñas y los niños en situación de vulnerabilidad económica.
González Placencia se pronunció para que el éxito de las tareas de los Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil, la asociación civil Save The Children, la Delegación de la Unión Europea (UE) en México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) unan esfuerzos para la continuación de proyectos de mediano y largo plazo en la construcción de ciudadanos responsables de la protección, promoción y salvaguarda de los derechos humanos.
De acuerdo con la organización internacional Save The Children, la educación infantil comunitaria es una de las herramientas fundamentales para la reconstrucción del tejido social, ya que permite la creación de Sistemas de Protección Integral a la Infancia (SPII) y, por tanto, entornos en los cuales niñas y niños pueden vivir plenamente sus derechos.
Los SPII presentados en esta ocasión son fundamentales para el desarrollos de 11 mil 500 niñas y niños en edad prescolar que viven en zonas vulnerables del Distrito Federal, para que tengan acceso a una educación de calidad que les permita desarrollarse de manera integral y plena, de acuerdo con la Directora de Programas para Save The Children, Mónica Fernández.
Luego de la inauguración, niños y niñas representantes de Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil (CCDI) realizaron la presentación de resultados del “Foro Lúdico-Reflexivo de niños y niñas preescolares de CCDI. Derechos sí, Violencia no”, con el apoyo de las maestras María Cristina Domínguez Ramos, del CCDI Capula, y de Marcia Rojas Aguilar, del CCDI Nezahualpilli.
La Directora General de Fondo Unido en México y Ex directora de Save the Children Oficina Centro, Sonia Bozzi Anderson, también gestora del proyecto, hizo entrega de reconocimientos a los niños y niñas de los CCDI.
Fuente: cdhdf.org.mx (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF)
- Está integrado por dos organizaciones defensoras de la libertad de expresión, periodistas y dos organizaciones defensoras de los derechos humanos
El subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Juan José García Ochoa, encabezó la instalación del Comité del Mecanismo para Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Distrito Federal.
El Comité será una instancia colegiada entre dependencias del Gobierno capitalino, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y organizaciones cuyo propósito será recibir, analizar y determinar la aplicación y otorgamiento de medidas de prevención y protección que se estimen necesarias para garantizar la seguridad e integridad de periodistas, colaboradores periodísticos, personas defensoras de derechos humanos que vivan en la Ciudad de México y quienes transiten en ella y que se encuentren en situación de riesgo con motivo del ejercicio de sus actividades.
Estas medidas incluyen a las personas que guarden una relación directa o indirecta con quienes resulten beneficiarios de las medidas.
Organizaciones que van acompañar al mecanismo seleccionaron a cuatro representantes para integrarse al Comité entre ellas: Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Balbina Flores, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras y la Casa de de los Derechos de Periodistas.
Por parte de las instancias gubernamentales estarán en el Comité: las Secretarías de Gobierno, Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Asimismo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Naciones Unidas participará en calidad de observadora.
Fuente: www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx
(Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal, GDF)
- Madres de desaparecidos exigen verdad y justicia en la “Marcha de la dignidad nacional”.
Hoy 10 de mayo, Amnistía Internacional ha enviado una carta a quienes participan en la caravana “Marcha de la dignidad nacional: madres buscando a sus hijas e hijos y demandando justicia”, expresando su solidaridad.
Esta caravana está integrada fundamentalmente por madres de personas desaparecidas que buscan hacer oír sus reclamos de justicia y verdad. Además, familiares de desaparecidos realizan acciones de solidaridad con la misma en Canadá, Estados Unidos y Centroamérica,
“En esta caravana se juntan madres procedentes de diferentes partes del país, pero también de otros países, pues la desaparición en México afecta también intensamente a las personas migrantes que atraviesan nuestro país”, declaró Alberto Herrera, Director de Amnistía Internacional México.
Muchas de estas madres no buscan solo a un hijo o hija, sino a familias completas que han desaparecido.
Según Herrera Aragón, “más allá de las cifras, las desapariciones suponen un dolor difícil de explicar. Es el dolor de la ausencia, de la incertidumbre, de las pesadillas que muchas madres sufren pensando qué habrá podido suceder a sus hijas e hijos”.
La extendida impunidad entorno a los casos de desaparición forzada y la negativa de las autoridades a reconocer las verdaderas dimensiones del fenómeno y la posible participación de funcionarios públicos en estos delitos,ya sea por comisión u omisión así como por colusión con el crimen organizado, han permitido que se extienda a muchas partes del país.
El hecho de que ni a nivel federal ni a nivel estatal se haya establecido un marco legal conforme con los estándares internacionales en materia de desaparición forzada es un fuerte indicador de la inacción oficial ante estas graves violaciones de derechos humanos y la falta de una política integral para ponerles fin.
“No es admisible que el silencio y la falta de información y acción sea la respuesta de las autoridades mexicanas a este problema. Esta respuesta sólo hace que la herida abierta en las vidas de cientos de familias permanezca. Solo la verdad y la justicia contribuirán a reducir la magnitud de las desapariciones en México”. Agregó Herrera Aragón.
Amnistía Internacional se solidariza con el reclamo de justicia de quienes participan en la caravana y llama al gobierno de México a escuchar las voces de estas madres, dando una adecuada respuesta a su exigencia de verdad y justicia.
Información adicional.
Desde las organizaciones de familiares de desaparecidos así como desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha denunciado la desapariciones de miles de personas en los últimos años. La gran mayoría de estas denuncias no han sido investigadas de forma debida lo que ha obstaculizado determinar la posible participación de funcionarios del Estado, siendo esta participación lo que determinaría que se trata de una desaparición forzada y por lo tanto de un crimen de Estado.
El pasado martes 6 de marzo el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias de las Naciones Unidas presentó un informe y una serie de recomendaciones a México. El informe resaltó las terribles dimensiones de esta grave violación a los derechos humanos y la carencia de una política por parte de las autoridades para prevenirla y sancionarla.
Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno de México para que cumpla concretamente con todas las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU, en particular la necesidad de instaurar un mecanismo de búsqueda inmediata, la investigación eficaz y la atención integral para los familiares de personas desaparecidas.
Amnistía Internacional condena enérgicamente los asesinatos de Guillermo Luna, Gabriel Huge, Esteban Rodríguez e Irasema Becerra en Boca del Rio, Veracruz el 3 de mayo.
Según la información recibida, Guillermo Luna y Gabriel Huge trabajaban como fotógrafos en periódicos del estado, mientras que Esteban Rodríguez había trabajado como fotoperiodista. Los tres eran compañeros especializados en la cobertura de noticias policiales y de crimen. Irasema Becerra trabajaba en el área administrativa de un periódico y tenía una relación sentimental con Guillermo Luna. Estos asesinatos se producen apenas unos después de que la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez, fuese asesinada en la capital del estado, Xalapa el pasado sábado 28 de abril.
Amnistía Internacional expresa su grave preocupación por la seguridad de los trabajadores de los medios en el estado y hace un llamado a las autoridades estatales y federales para que brinden medidas de seguridad eficaces para periodistas en riesgo y sus familiares. Este es un paso esencial para garantizar el trabajo periodístico y la libertad de expresión en el estado.
Los asesinatos de Guillermo Luna, Gabriel Huge, Esteban Rodríguez no ocurrieron sin previo aviso. Según la información recibida por Amnistía Internacional, los nombres de estos periodistas, junto con otros, aparecieron en una lista circulada el año pasado con una amenaza en su contra. A pesar de estar informadas de esta situación las autoridades estatales no tomaron medidas para asegurar la protección de los periodistas en riesgo, varios de los cuales se vieron obligados a salir del estado por motivos de seguridad. Desde el final de 2010 ocho periodistas han sido asesinados en el estado de Veracruz.
Las autoridades deben garantizar una investigación pronta, imparcial y eficaz de estos ataques, para que sus responsables sean llevados ante la justicia. Es necesario poner fin a la impunidad que impera en los casos de ataques a periodistas y trabajadores de medios de comunicación en México.
Estos asesinatos constituyen una continuación de la situación de violencia a la que deben hacer frente los trabajadores de los medios de comunicación en diferentes lugares del país y que convierten a México en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, todavía pendiente de promulgación por el Presidente de la República, quedará como letra muerta a menos que las autoridades garanticen su pronta puesta en marcha de forma que se establezcan medidas de protección efectivas que ayuden a reducir la vulnerabilidad de las y los periodistas.
